Por mucho que el Ministerio de Medio Ambiente haya puesto especial celo en que el proyecto Siroco reúna las máximas garantías para el entorno; por mucho que las prospecciones estén previstas a diez kilómetros de la costa; por mucho que la plataforma semisumergible solo se utilizaría durante un mes y, por mucho que en caso de hallarse gas la extracción se haría a través de canalizaciones submarinas sin ningún tipo de impacto visual, la Costa del Sol volvió ayer a mostrar su rechazo a la exploración del litoral malagueño en busca de hidrocarburos después de conocer, como avanzó SUR, que el Gobierno no tiene intención de anular ninguno de los dos permisos concedidos para tal fin: ni el de Repsol previsto frente a las costas de Mijas y Fuengirola que únicamente está pendiente del visto bueno definitivo de Industria para acometer los sondeos en la primavera de 2013, ni el de CNWL Oil España, cuya tramitación está mucho más verde -ni siquiera se ha hecho la campaña sísmica- y que afectaría a la Axarquía. Empresarios turísticos, pescadores, grupos ecologistas y dirigentes políticos reiteraron ayer su preocupación ante la incidencia que ambas iniciativas podrían tener en la provincia. También lo hicieron desde el PP malagueño, aunque haciendo suyo al discurso del Ejecutivo de Rajoy de que poco se puede hacer a estas alturas para revocar el proyecto de Repsol después de haber superado con creces todos los trámites administrativos y, sobre todo, la declaración de impacto ambiental.

Entre las voces más críticas, las del sector turístico. «Es indignante y una barbaridad que se ponga en riesgo el futuro de la Costa del Sol. Si el turismo no fuera nuestra columna vertebral sería bienvenido, pero aquí puede ser bastante perjudicial», afirmó el presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Miguel Sánchez, quien advirtió del «peligro» que puede suponer para la imagen del destino. Más templanza puso en su argumentario, aunque con la misma preocupación, el presidente de la patronal hotelera Aehcos. José Carlos Escribano abogó por «analizar en profundidad el proyecto para conocer las consecuencias reales que puede tener en el turismo», para lo que pedirá una reunión «de forma inmediata» con el subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar. Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de la Costa del Sol, Manuel Villafaina, puso sobre la mesa «el recelo de los touroperadores a mandar turistas a zonas donde pueda haber riesgo de vertidos, aunque en este caso se trate de gas y no de petróleo».

Valor ambiental

Al margen del turístico, el otro sector que aguarda con temor el momento en que el Ministerio de Industria autorice las prospecciones es el pesquero. «No sabemos la situación en la que va a quedar uno de nuestros principales caladeros», adviertió el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores, Juan Antonio Haro. Sobre los riesgos ecológicos también ponen el acento en el Aula del Mar, donde solo ven inconvenientes por su proximidad con la pradera de posidonia oceánica de Calahonda (dista 7,1 kilómetros del punto de perforación) y por su afección con la fauna marina. «Aunque se haga con plenas garantías, siempre está la incertidumbre de que pueda ocurrir algún accidente en la zona, sobre todo teniendo que cuenta que la costa de Mijas es un punto caliente de diversidad porque conviven especies atlánticas y mediterráneas, además de ser paso de cetáceos y tortugas marinas en sus migraciones», comentó el biólogo Juan Jesús Martín.

En el plano político no hay sorpresas. El PSOE, ahora en la oposición, endurece el discurso, mientras en el PP tratan de justificar los pasos de sus compañeros de partido en Madrid. «No estamos de acuerdo, pero una vez que se dieron las autorizaciones es muy complicado dar marcha atrás, así que lo que sí que pedimos es la máxima precaución y mucha información», reconoció el secretario general de los populares en la provincia, Francisco Salado, quien suavizó el mensaje dado hasta ahora por la dirección provincial: «Si fuera petróleo, totalmente en contra, pero si es gas, habrá que ver los resultados». Por su parte, el secretario general del PSOE en Málaga, Miguel Ángel Heredia, defendió que su partido «siempre ha estado en contra». «Lo hicimos cuando estábamos en el Gobierno y lo hacemos cuanto estamos en la oposición». Además, criticó el silencio del Ejecutivo del PP al respecto. «No han contestado a una iniciativa en el Congreso donde preguntamos cómo afectan al sector turístico, así que hemos presentado un recurso de amparo para que se pronuncien. Queremos saber sus verdaderas intenciones», recalcó. En este sentido, el coordinador provincial de IU, José Antonio Castro, acusó al Gobierno de «velar por los intereses de empresas en busca de rentabilidad, por encima de los intereses de nuestro litoral, que es el medio de vida de muchas familias».

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