La operación avala las tesis ecologistas tras 20 años de denuncias sin fruto.

En la operación, bautizada Acinipo en referencia a un yacimiento arqueológico local, también fueron arrestados un abogado de la localidad malagueña y dos directivos del grupo empresarial Eroski.
Las pesquisas abordan irregularidades urbanísticas en al menos dos proyectos. Uno de ellos es la construcción de un centro comercial sobre los terrenos de un antiguo campo de fútbol que iba a suponer la inversión de 102 millones de euros. El otro es la famosa urbanización Los Merinos Norte, en la que se preveía levantar 800 chalés de lujo, campos de golf, centro hípico y hoteles en una zona calificada como reserva de la Biosfera. Además, según fuentes cercanas al caso, sobre la mesa de los investigadores hay otras iniciativas urbanísticas. La operación supone el primer espaldarazo a las tesis de los grupos ecologistas, que desde principios de los años 90 han visto cómo la Fiscalía y los jueces archivaban sistemáticamente sus denuncias.

Los implicados están acusados de cohecho, malversación de caudales, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y blanqueo de capitales. La investigación arrancó hace dos años y medio por la denuncia de un particular ante la Fiscalía Anticorrupción, aunque la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ronda, Judith Isabel Sáiz, no abrió el caso hasta mediados de 2010.

El dinero y el urbanismo son fundamentales en este caso. Además del pago por parte de empresarios para conseguir resoluciones favorables, como licencias o permisos urbanísticos, se está investigando el origen de los fondos que se iban a invertir en la ciudad por sospechas de que provengan de tráfico de drogas o la prostitución.

Una de las formas de soborno investigadas consiste en la contratación de publicidad en un periódico local vinculado al exregidor. Fuentes cercanas al caso aseguran que las tarifas supuestamente abonadas por empresarios con intereses en la ciudad eran "completamente desproporcionadas".

La Fiscalía de Medio Ambiente dudó, en un polémico escrito, de la moralidad del exalcalde socialista de Ronda Antonio Marín Lara, ya que, pese a no haber prevaricado al dar licencia para Los Merinos, esa decisión sí podía atentar contra principios de protección del medio, «morales y éticos». Hoy, esas reflexiones, que sirvieron para archivar este proceso judicial contra el exregidor, cobran actualidad tras conocerse que ésta es una de las operaciones urbanísticas, junto a la de los terrenos del campo de fútbol y algún caso relacionado con La Hoya del Tajo, que conforman la columna vertebral del caso Acinipo, que estalló ayer con la detención de siete personas.

Los Merinos, en cuyos terrenos estaba previsto construir 800 viviendas de lujo, campos de golf y hoteles, se convirtió con el paso de la pasada década en El Algarrobico malagueño; decenas deorganizaciones ecologistas denunciaron supuestas prevaricaciones o unacadena de corruptelas. Sólo una de estas últimas forma parte de laspesquisas de la Fiscalía Anticorrupción.

En el caso de Los Merinos, el fiscal recordaba que no se prevaricó porque la Declaración de Impacto Ambiental era favorable condicionada, es decir, que la Junta dijo sí, pero con dos excepciones: que se solucionara el déficit hídrico y que se edificara más allá de una determinada parcela. La Junta cambió de discurso a mediados de 2006, viendo la que se le venía encima: «Los informes técnicos con los que cuenta el imputado –por Marín Lara, luego exonerado de prevaricación– son todos favorables, cierto es que muchos de ellos son de técnicos municipales, pero salvo que se pueda acreditar que en tales dictámenes existe algún tipo de connivencia para la adopción de los mismos y que, de forma torticera, se hayan alterado, no puede presumirse, sin más, que por el hecho de ser peritos del Consistorio van a realizar su trabajo de forma maliciosa», apunta el fiscal.

Pero el caso central de las pesquisas es el análisis de la recalificación y venta de los terrenos del campo de fútbol para construir un megacentro comercial, bajo la marca de Eroski, un caso que fue fuertemente criticado por el PP e IU en la oposición. De hecho, el Registro de la Propiedad de Ronda rechazó el primero de abril dar asiento a la escritura de venta de la parcela. En concreto, detectó defectos en el procedimiento. Por ejemplo: el Consistorio adjudicó en un pleno la venta de los terrenos a la empresa Ruiz Jurado, que posteriormente cedió la parcela a otra sociedad, vinculada a su vez con la primera. De esta operación, se llevó la Udyco ayer abundante documentación de Urbanismo y de otras dependencias. En esa fecha, el Ayuntamiento había ingresado 3,5 millones de euros por la venta de esa superficie.

«Es la espina dorsal del caso», dicen las fuentes,que también hablan del terreno de La Hoya del Tajo, una zona que ha protagonizado una decena de denuncias de los ecologistas, incluso desde 2003, y en la que han proliferado numerosas construcciones irregulares.La Udyco se llevó muchos documentos relativos a este lugar y a determinadas edificaciones que hay en él. Paralelamente, el 1 de agosto se abrió procedimiento abreviado por un delito contra la ordenación del territorio cometido por la edificación de una nave agrícola supuestamente ilegal en la zona. Entre los imputados está Marín Lara,quien dijo no saber nada.

Las fuentes judiciales consultadas alertaron de algún que otro convenio más, aunque son estas tres operaciones presuntamente irregulares –en cada parcela hay decenas de movimientos dudosos– las que han protagonizan los primeros pasos de la Udyco y del fiscal Anticorrupción. Ahora sólo queda ver qué pasará cuando se desvele el secreto de sumario.

PINSAPO ya difundio esta denuncia del movimiento ecologista rondeño