Boliden continúa librándose de pagar por la catástrofe medioambiental de Aznalcóllar (Sevilla) en abril de 1998. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, en una resolución de 10 de noviembre, ha confirmado íntegramente otro fallo de 2007 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anulaba el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta por el que reclamaba a la compañía el pago de los costes provocados por la rotura de la balsa minera que desencadenó el desastre, informó ayer Diario de Sevilla.

La Junta reclamó en 2004 que las empresas de la multinacional minera sueca asumieran el pago del dinero público destinado a la limpieza del vertido tóxico, que el Gobierno andaluz cifró en 89,9 millones de euros.

El Supremo entiende que la Administración carece en este caso de competencias de "autotutela" y que la Ley de Minas en la que se basó la Junta para reclamar a Boliden no le autoriza a pedir el reintegro, pues "no existe precepto legal" que le habilite para exigir "la reparación de unos daños amparados en un título de derecho privado".

Laberinto judicial

En el año 2003, la Sección Sexta de la Audiencia había cerrado la vía civil para que la Junta reclamase a Boliden y había aconsejado recurrir a la vía contencioso-administrativa, por lo que ahora el Supremo reconoce que existe un caso de "peregrinaje judicial". No obstante, añade que "no cabe que, para enmendar un yerro, esta jurisdicción [...] incurra en otro mayor, vulnerando el principio de legalidad".

La rotura de la balsa de residuos de la mina vertió millones de metros cúbicos de metales pesados y lodos contaminados a los aledaños del parque natural de Doñana, en una de las mayores catástrofes ambientales de España que tampoco ha encontrado responsables en vía penal.